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julio 22, 2026
El Tabo bajo la lupa: la Contraloría destapa una trama de irregularidades que compromete la confianza pública
Un informe de 122 páginas revela bitácoras adulteradas, agua potable entregada «a dedo», maquinaria municipal en terreno privado y pagos a honorarios sin servicios acreditados. El caso ya está en manos del Ministerio Público y deja una lección ineludible sobre comunicación pública, gestión de crisis y confianza ciudadana.
La bajada
El 12 de diciembre de 2025, la Contraloría Regional de Valparaíso remitió al alcalde de la Municipalidad de El Tabo el Informe Final de Investigación Especial N° 366, de 2025. Ciento veintidós páginas que, lejos de ser un trámite administrativo más, retratan un patrón: control interno debilitado, documentos alterados, beneficios entregados fuera de norma y contratos que no logran acreditar lo que dicen haber pagado. El organismo contralor anunció que formulará reparos por más de 72 millones de pesos, instruirá un sumario administrativo, abrirá una investigación sumaria por el uso indebido de vehículos fiscales y remitirá antecedentes al Ministerio Público.
Para quienes miramos estos casos desde la comunicación pública, social y corporativa, el informe no es solo una lista de hallazgos jurídico-contables: es el registro de una crisis de confianza institucional que ya se está gestando, y que la municipalidad deberá enfrentar con una estrategia comunicacional que hoy no parece existir.
Qué es este informe y por qué importa
La Contraloría General de la República es el organismo autónomo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos en Chile. Cuando abre una «investigación especial» como esta, lo hace a partir de denuncias concretas —en este caso, presentadas por personas que pidieron reserva de su identidad— y el resultado, una vez terminado, se convierte en un documento público que cualquier ciudadano puede revisar. El informe N° 366-2025 se originó en denuncias que apuntaban a un mismo nudo: el entonces Director (S) de Operaciones y Servicios de la Municipalidad de El Tabo habría solicitado dinero a una empresa proveedora a cambio de adjudicarle contratos, habría autorizado el uso de maquinaria municipal en un terreno de sus padres, habría instruido la entrega irregular de agua potable y habría facilitado pagos a honorarios a su propia madre.
La investigación —enmarcada explícitamente por la propia Contraloría en el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 16 de la ONU, «Paz, Justicia e Instituciones Sólidas»— cruzó bitácoras de vehículos, registros de personal, contratos, fotografías, cotizaciones, peritajes técnicos y declaraciones de funcionarios. El resultado es un mapa de irregularidades que va del control interno más básico —el llenado de una bitácora— hasta contrataciones que rozan el conflicto de interés y el eventual delito.
Los hallazgos centrales
1. Maquinaria y personal municipal para una parcela familiar
El hallazgo que abre el examen de la materia investigada tiene la contundencia de una escena: el 8 de marzo de 2023, dos retroexcavadoras, una motoniveladora y tres camiones tolva municipales fueron destinados, según las propias bitácoras revisadas, a rellenar, nivelar y limpiar de ramas una parcela del condominio Los Avellanos, en Las Cruces, comuna de El Tabo. El material usado para el relleno —maicillo— salía de una cantera municipal. La Contraloría cruzó los registros del Servicio de Registro Civil y constató que esa parcela figura como domicilio del funcionario que ordenó los trabajos y de sus padres. El municipio no acreditó el pago de derechos municipales por $1.894.618 asociados a esa faena, lo que el organismo considera una eventual vulneración al principio de probidad administrativa.
2. Una bitácora «corregida» para tapar un reparto de agua
El caso más gráfico del informe —porque incluye imágenes comparativas del mismo documento en dos versiones— es la bitácora N° 3, de 3 de febrero de 2024, del camión aljibe municipal. Un concejal pidió por transparencia esa bitácora; la copia que recibió decía que el agua se había entregado «a padres de» dos funcionarios municipales. Pero existía otra versión, sin esa frase, que registraba la entrega directamente a esos mismos funcionarios. La Contraloría concluyó, sobre la base de testimonios internos, que el documento fue adulterado para simular que el agua potable —un beneficio social reglado, no un favor discrecional— se había entregado a terceros sin derecho a él, y no a los propios funcionarios, que tampoco cumplían los requisitos del reglamento municipal. La instrucción de repartir esa agua, según una funcionaria que declaró ante el organismo, llegó por teléfono y WhatsApp de parte del jefe de Operaciones.
3. Maestranza V&N SpA: pagos por reparaciones que no logran acreditarse
Entre 2023 y 2024, el municipio pagó 76 millones de pesos a la empresa Maestranza V&N SpA por mantenciones al parque vehicular municipal. La Contraloría constató que las cotizaciones presentadas no desglosaban mano de obra y repuestos como exigían las bases, que se usó todo el presupuesto de una sola línea de servicio sin modificar formalmente el contrato, y que las fotografías aportadas como respaldo no permiten identificar las patentes de los vehículos intervenidos. El episodio más elocuente involucra a un camión municipal: el propio municipio reconoció ante la Contraloría que un peritaje técnico determinó que el vehículo carecía de piezas mecánicas esenciales para funcionar, pese a que se habían pagado 12,7 millones de pesos por su reparación. El alcalde informó que amplió la querella penal ya presentada para que el Ministerio Público investigue el destino de esas piezas faltantes.
A esto se suma que las cotizaciones de la empresa fueron elaboradas, según constató la Contraloría, en un computador institucional del municipio —no en las oficinas de la empresa—, y que una orden de compra por trato directo se otorgó a esa sociedad estando vinculada a un prestador de servicios a honorarios del propio municipio, en infracción al artículo 35 quáter de la Ley de Compras Públicas, que busca evitar justamente ese tipo de cercanía entre proveedores y funcionarios.
4. Honorarios entre padres, hijos y montos que no se explican
El informe detalla contratos a honorarios con dos mecánicos —padre e hijo, este último vinculado societariamente a Maestranza V&N SpA— por 45,4 millones de pesos sin acreditación suficiente de los servicios prestados, y con la madre del funcionario investigado, por 14,4 millones de pesos, imputados a un programa comunitario de seguridad que, según constató la Contraloría, no estaba formalizado durante 2024. Un dato adicional alimenta la sensación de trato preferente: esa persona recibía honorarios mensuales de $1.200.000, mientras otros prestadores del mismo programa, para las mismas funciones, percibían entre $580.000 y $850.000, sin que exista una justificación técnica para la diferencia.
5. Un choque sin seguro y bitácoras que no cuadran
La Contraloría también documentó que un trabajador a honorarios condujo un minicargador municipal sin póliza de seguro vigente —por instrucción del jefe de Operaciones— y protagonizó una colisión con un vehículo particular, infringiendo la normativa sobre uso de vehículos estatales. En paralelo, el examen de control interno detectó bitácoras extraviadas, kilometrajes que no cuadran, registros duplicados y cometidos sin anotar en buena parte de la flota municipal, evidenciando que el problema no es solo un caso aislado, sino una falla sistémica de control.
Lo que viene: reparos, sumarios y Ministerio Público
El informe no se queda en la enumeración de hechos. La Contraloría anunció que formulará un reparo —es decir, exigirá la restitución de fondos— por los pagos no acreditados a Maestranza V&N SpA ($12.785.469), a los dos mecánicos a honorarios ($45.494.000) y a la funcionaria del programa comunitario ($14.480.000), una suma total superior a los 72 millones de pesos. Además, instruirá un sumario administrativo para establecer responsabilidades funcionarias, iniciará una investigación sumaria específica por el uso indebido de vehículos en la parcela particular, y enviará copia de los antecedentes al Ministerio Público, que ya investiga los mismos hechos a partir de una querella presentada por el propio municipio en octubre de 2024.
El municipio, por su parte, ya había tomado algunas medidas antes de que el informe fuera final: instruyó su propio sumario, presentó una querella criminal y aportó documentos, peritajes y declaraciones que permitieron subsanar parcialmente algunas observaciones del preinforme. Ese dato importa: no se trata de una entidad que ignoró las señales, sino de una que reaccionó tarde y de manera reactiva, después de que las denuncias llegaran a un organismo externo.
La mirada de comunicación: lo que este informe revela más allá de los pesos y los artículos de ley
Un informe de Contraloría de este tipo no es solo un problema legal o financiero para un municipio: es, ante todo, un evento comunicacional de alto riesgo. Y en El Tabo confluyen los tres planos que cualquier estratega de comunicación debería mirar por separado antes de diseñar una respuesta.
Comunicación pública
El Estado —y los municipios como su expresión más cercana a la ciudadanía— se sostiene sobre la promesa de que los recursos comunes se administran con reglas iguales para todos. Cuando una bitácora se altera para disimular un reparto de agua potable fuera de norma, lo que se daña no es solo un procedimiento: es la evidencia documental en la que se basa la rendición de cuentas pública. La comunicación pública eficaz no consiste en negar o minimizar estos hechos una vez que son de conocimiento público, sino en anticiparlos: transparencia activa, publicación proactiva de bitácoras, contratos y cotizaciones, y explicaciones claras y verificables antes de que un tercero —un concejal, un medio, la propia Contraloría— tenga que exigirlas.
Comunicación social
El agua potable entregada «a quien no correspondía» y los honorarios con montos muy superiores al resto de los prestadores del mismo programa tocan un nervio particularmente sensible en comunidades costeras y semirrurales como El Tabo, donde el acceso a servicios básicos y las oportunidades laborales municipales son percibidas, con razón, como bienes escasos y disputados. Este tipo de hallazgos erosiona el capital social de la institución: la percepción de que «todos juegan con las mismas reglas» es la base de la legitimidad de cualquier programa comunitario, y cuando esa percepción se rompe, no se repara con un comunicado, sino con años de gestión consistente y visible.
Comunicación corporativa e interna
El informe describe una cadena de mando que, según los testimonios recabados, empujaba instrucciones informales —por teléfono, por WhatsApp— para decisiones que debían quedar en registros formales. Eso habla de una cultura organizacional donde los canales oficiales de comunicación interna no protegen ni al funcionario que ejecuta la instrucción ni a la institución que la valida después. Una organización con protocolos de comunicación interna robustos —instrucciones siempre por escrito, doble validación para excepciones a un reglamento, canales de denuncia interna protegidos— dificulta este tipo de arreglos informales y, cuando ocurren, deja trazabilidad para que la propia organización los detecte antes que un tercero.
Recomendaciones para la gestión comunicacional del municipio
- No esperar la próxima consulta de transparencia. Publicar de forma proactiva el estado de los sumarios, el reparo y las medidas correctivas comprometidas, con lenguaje ciudadano y no solo jurídico.
- Separar la comunicación de crisis de la comunicación de gestión, con un vocero designado para este caso que entregue información verificada.
- Reconstruir confianza con hechos verificables, no con relato: auditorías externas periódicas de bitácoras y contratos, publicadas y explicadas a la comunidad.
- Fortalecer los canales de denuncia interna para que las alertas tempranas se resuelvan dentro del municipio antes de escalar a la Contraloría o a la prensa.
- Formación en comunicación y probidad para jefaturas intermedias, de forma que una instrucción informal por WhatsApp deje de ser una vía aceptada para decisiones que comprometen recursos públicos.
Una lectura final
El informe 366-2025 no acusa a la Municipalidad de El Tabo de una gran conspiración, sino de algo más común y, en cierto sentido, más preocupante: la acumulación de pequeñas excepciones a la norma —una bitácora «arreglada», una cotización sin desglose, un pariente contratado sin justificar el monto— que, sumadas, configuran un patrón de trato preferente y de control interno débil. Para el municipio, el desafío ya no es solo administrativo o judicial. Es, sobre todo, comunicacional: demostrar, con evidencia y de forma sostenida, que las reglas que se incumplieron pueden y van a cumplirse en adelante. Esa es, en definitiva, la única estrategia de comunicación de crisis que funciona cuando la confianza pública está en juego.
Nota metodológica: este reportaje se basa en el Informe Final de Investigación Especial N° 366, de 2025, de la Contraloría Regional de Valparaíso, sobre la Municipalidad de El Tabo, de fecha 12 de diciembre de 2025. Los nombres de los funcionarios y terceros involucrados fueron mantenidos en reserva por la propia Contraloría, conforme a la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, motivo por el cual este texto respeta esa reserva y no los identifica.
