De defender un humedal a sostener un barrio: la historia de la ONG El Canelo en San Sebastián

Cartagena. En Avenida Peral 15, en el sector de San Sebastián, funciona una casa que no siempre fue una casa: durante años fue solo un punto de encuentro improvisado en la calle y en la plaza, sostenido por la insistencia de un grupo de vecinos que, cuenta Magdalena Torrente Navarrete, «no somos hippies, no somos» cualquier cosa que la gente quisiera imaginar, sino una organización con veinticinco años de trabajo territorial detrás. Torrente es una de las caras visibles de la ONG El Canelo, y su relato —registrado en terreno para el ciclo de entrevistas comunitarias de Galáctica Media— traza una línea poco habitual en la crónica de las organizaciones sociales chilenas: la que va de una causa ambiental puntual a una infraestructura comunitaria permanente.

Un humedal como punto de partida

La historia, según narra Torrente, no comienza con la ONG sino veinticinco años antes, con el Centro Cultural Renü Peñilafquén, cuando un grupo de vecinos se organizó para impedir que se eliminara el humedal urbano de Cartagena, entonces conocido como el estero de San Sebastián. Esa movilización los llevó a participar en la primera mesa ambiental provincial, convocada en ese momento por la autoridad de gobierno provincial, y a constituir personalidad jurídica como organización para poder ser parte formal de esa instancia. El resultado de esa etapa fue, según su relato, la protección efectiva del estero, que con el tiempo pasó a reconocerse como humedal.

Ese origen ambiental es clave para entender el giro posterior: fue al advertir la ausencia de espacios culturales, de programas para la infancia y de instancias de acompañamiento para personas mayores en el sector que el grupo decidió ampliar su alcance. Torrente es explícita sobre la limitación que encontraron en el formato original: «por una PJ no te da mucho proyecto», dice, en referencia a las restricciones de una personalidad jurídica vecinal para postular a financiamiento y desarrollar iniciativas de mayor escala. Esa constatación llevó, en 2015, a la constitución formal de la ONG El Canelo, que desde entonces ha ampliado su radio de acción hacia talleres, visibilización de problemáticas sociales y trabajo comunitario sostenido en el tiempo.

Visibilizar lo que no se nombraba

Torrente describe el contexto en el que nació la ONG con una franqueza poco habitual en el discurso institucional: tomas de terreno, robos, delincuencia, adultos mayores en situación de abandono y niños sin espacios de encuentro. Frente a ese diagnóstico, la organización optó por una estrategia de visibilización más que de denuncia: talleres de yoga y telares primero en el consultorio de salud y en la sede vecinal, luego actividades abiertas en la plaza del sector, hasta que —según relata Torrente— la propia comunidad terminó validando el trabajo del grupo ante los vecinos.

Ese proceso de validación tuvo un correlato material concreto: una vecina intermedió ante uno de los propietarios del inmueble de Avenida Peral 15 para que la organización pudiera ocupar la casa sin costo de arriendo, a cambio del compromiso de realizar mejoras al espacio. Torrente relata que el grupo, tras años de uso, ahora aspira a comprar la propiedad, un salto que describe como cualitativamente distinto: pasar de «hacer cosas en la calle» a sostener un espacio físico propio cambió, según explica, la forma en que la comunidad y las instituciones perciben a la organización.

De la casa cedida a la Red de Puntos de Cultura

La disponibilidad de un espacio físico estable tuvo, según el relato de Torrente, un efecto directo sobre las posibilidades de financiamiento de la organización: fue esa visibilidad, sumada a la trayectoria acumulada, la que permitió a la ONG El Canelo postular exitosamente a la Red de Puntos de Cultura, programa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que reconoce y apoya a organizaciones comunitarias con trabajo cultural sostenido en sus territorios. Torrente sitúa ese reconocimiento desde 2023, un hito que consolida institucionalmente casi una década de trabajo previo bajo la figura de ONG y dos décadas y media si se cuenta desde los orígenes en el centro cultural.

La oferta actual del espacio, según describe, es amplia y diversa: yoga, circo, soldadura, acrobacia, telar, mueblería, teatro, guitarra y trabajo en arcilla, entre otros talleres, algunos completamente gratuitos y otros con un valor simbólico —del orden de 10.000 pesos por cuatro clases mensuales— pensado explícitamente para no excluir a quienes no pueden costear una actividad. La casa recibe, según Torrente, participantes no solo de San Sebastián sino de localidades que van desde Algarrobo hasta San Antonio, lo que la lleva a describir el espacio como un activo de alcance provincial y no meramente local.

Salud intercultural y un modelo de autogestión con condiciones

Entre las iniciativas más recientes que Torrente destaca está la habilitación de una sala de salud intercultural, un proyecto que debió reconstruirse después de sufrir daños por lluvia. En ese espacio, según relata, una machi —a quien se refiere con el término mapuche «ñañita»— ofrece atención médica gratuita los días jueves, previa hora, además de talleres de ventosas realizados en la tarde. La incorporación de esta línea de trabajo amplía el alcance de la organización más allá de lo cultural y educativo hacia el ámbito de la salud comunitaria y el reconocimiento de saberes originarios.

Torrente es igualmente franca respecto del modelo de sostenibilidad de la organización: la autogestión, dice, implica en muchos casos aportar recursos propios («de nuestro bolsillo») para mantener las actividades en funcionamiento. Pero introduce una condición explícita para la comunidad: la permanencia de los talleres depende de que existan personas inscritas que efectivamente participen. «Si no tenemos alumnos, no tenemos gente que participe en los talleres, los talleres van a eliminarse», advierte, describiendo una relación de reciprocidad donde la gestión de la organización y la participación vecinal son, en sus palabras, «una por otra».

Una lectura de la seguridad distinta a la punitiva

Uno de los planteamientos más directos de la entrevista aparece casi al cierre, cuando Torrente vincula explícitamente el trabajo cultural y comunitario con la seguridad del territorio: «la delincuencia la sacamos con participación, no con más cárcel», afirma, una posición que sitúa a la ONG El Canelo dentro de un enfoque de prevención social del delito basado en oferta comunitaria y ocupación positiva del tiempo libre, en contraste con enfoques centrados exclusivamente en el control policial o penal. Es una idea que la propia entrevistada no desarrolla en extenso, pero que condensa buena parte de la lógica que ha guiado el trabajo de la organización durante dos décadas y media: llenar, con talleres, salud y encuentro, los vacíos que —según su diagnóstico— dejan la falta de espacios públicos y la migración de la población económicamente activa hacia Santiago por falta de trabajo local.

Lectura de contexto: infraestructura comunitaria como política pública de facto

Analizada desde una perspectiva de comunicación social y comunitaria, la trayectoria de la ONG El Canelo ilustra un patrón recurrente en el litoral central y en otras zonas de Chile con oferta laboral limitada: organizaciones de base que, ante la ausencia de infraestructura cultural y social provista por el Estado o el mercado, terminan supliendo esa función con recursos propios y cesiones informales de privados, como ocurrió con la casa de Avenida Peral. Ese modelo, aunque efectivo para sostener servicios que de otro modo no existirían en el territorio, es también estructuralmente precario: depende de la buena voluntad de un propietario, de la autogestión económica del equipo y de la participación sostenida de la comunidad, sin garantías de continuidad de largo plazo mientras la organización no logre, como es su meta declarada, adquirir la propiedad.

El caso también expone un mecanismo poco visible de acceso a financiamiento público: la trayectoria y la visibilidad territorial acumulada durante años —documentada en redes sociales y validada por el uso sostenido de la comunidad— operan como capital que permite acceder a reconocimientos como la Red de Puntos de Cultura, un ciclo en el que la organización primero debe demostrar impacto con recursos casi inexistentes para luego acceder a apoyos que consoliden ese mismo impacto. Es, en ese sentido, un relato que combina logro comunitario con una fragilidad de origen que la propia protagonista no oculta: el llamado explícito a empresarios de la zona para que aporten donaciones culturales que permitan comprar el espacio es, en sí mismo, un indicador de que la sostenibilidad del proyecto sigue dependiendo, veinticinco años después, de la buena voluntad de terceros.