Claudia Aracena, concejala de El Tabo: «Esto empieza a parecer más bien un negocio familiar que una institución pública»

El Tabo. Cuando Claudia Aracena Carreño se define a sí misma, no empieza por su cargo. «Parto por decir que soy cuidadora», dice antes de mencionar que es psicóloga con mención en grupos e instituciones y que lleva quince años viviendo en la comuna que representa. Concejala independiente de El Tabo, sin militancia partidaria, Aracena llegó a la política municipal después de un camino que partió en el activismo ambiental —fue presidenta del Comité Ambiental Comunal— y que hoy la tiene en el centro de uno de los episodios más delicados que ha enfrentado la administración local en los últimos años: un informe de la Contraloría General de la República por conflicto de interés y presuntos vínculos familiares dentro de la dotación municipal.

La conversación, sostenida en el programa Las Entrevistas Galáctikas, del medio comunitario Galáctika Media —que transmite por TV Cable del Puerto (canal 24.4 en San Antonio, Melipilla y Litueche) y por TV Cable Mágico (canal 69.5 en el litoral de Algarrobo, El Quisco y Punta de Tralca)—, funciona como una radiografía en profundidad del rol fiscalizador de un concejal chileno: sus atribuciones, sus límites legales y la tensión permanente entre la expectativa ciudadana de que la autoridad «haga algo» y el marco normativo, mucho más acotado, que efectivamente le compete.

Independencia como método de trabajo

Aracena atribuye su condición de concejala independiente —sin partido— a una forma de operar más que a una postura ideológica. Según explica, esa independencia le permite priorizar «el bienestar de todos» por sobre la lealtad a una organización o asociación política, un criterio que —afirma— guía su fiscalización sin las tensiones de bancada que suelen condicionar a los concejales con militancia activa.

Ese posicionamiento es la puerta de entrada al tema central de la entrevista: el estado de la gestión municipal de El Tabo, que Aracena describe, con cautela pero sin eufemismos, como atravesado por «cierto desorden» y «evidentes problemas de gestión», diagnóstico que —según indica— se sustenta en el trabajo de fiscalización que ha desarrollado junto a otros concejales durante el año y medio que lleva en el cargo, y en una serie de informes de Contraloría que, dice, dan cuenta de una «tolerancia a la irregularidad dentro de la cultura organizacional» del municipio.

El informe por conflicto de interés: cronología de una denuncia

El caso más desarrollado en la entrevista es el que la propia Aracena describe como «la denuncia del nepotismo», aunque precisa que técnicamente corresponde a una denuncia por conflicto de interés. Según su relato, el origen fue un reportaje de investigación periodística que identificó un mapa de vínculos familiares dentro de la dotación municipal. Al recibir esos antecedentes de los periodistas, Aracena —junto a la concejala Soto— los derivó a la Contraloría General de la República, organismo que, según indica, inició formalmente la investigación en torno a noviembre o diciembre de 2025, con un proceso que —afirma— suele extenderse más de un año.

De acuerdo con el relato de la concejala, el informe resultante señala como puntos observados el deber de abstención no cumplido, un vínculo entre el director jurídico municipal y una hija del alcalde, la situación del director de seguridad pública y una serie de falencias administrativas asociadas. Aracena explica el fondo jurídico del problema en términos didácticos: la ley establece que un funcionario no puede ejercer jerarquía sobre un pariente hasta cierto grado de parentesco, y que, cuando esa situación existe, el funcionario involucrado debe inhabilitarse de participar en los actos administrativos correspondientes —evaluaciones de contrato, por ejemplo— para evitar precisamente el conflicto de interés. Según su versión, el informe constató que esa inhabilitación no se produjo en al menos un caso de contratación.

Aracena es explícita respecto del riesgo institucional que atribuye a este tipo de situaciones: en una comuna pequeña sin grandes empresas privadas, dice, el municipio concentra buena parte de la oferta laboral local, por lo que cientos de personas postulan a concursos públicos «con la ilusión de tener esa posibilidad de trabajo». Cuando el resultado de esos concursos aparece asociado a vínculos familiares con autoridades, señala, la percepción ciudadana se traslada de una institución pública a lo que describe como un «negocio familiar», con el consiguiente daño a la fe pública y a la cultura organizacional interna del municipio, donde —advierte— empieza a instalarse el temor de los propios funcionarios a actuar o no actuar según de quién sea pariente cada colega.

La concejala precisa además que el informe de Contraloría no cierra el caso: entrega observaciones de distinta gravedad y una hoja de ruta de acciones correctivas, algunas de las cuales, dice, todavía están pendientes de respuesta por parte del municipio, en un proceso de seguimiento que —según describe— corresponde justamente a la labor fiscalizadora que ejercen los concejales.

Honorarios, litigios laborales y el costo de la informalidad contractual

Un segundo eje que Aracena desarrolla con detalle técnico es el de las relaciones laborales bajo la modalidad de honorarios, que —según explica— es una figura contractual sin horario fijo, sin subordinación directa y sujeta a informes mensuales de actividad, pero que en la práctica municipal, afirma, suele operar de facto como un vínculo laboral subordinado: instrucciones por WhatsApp o correo, exigencia de horario, órdenes directas. Cuando ese contrato termina y no se renueva, dice, los trabajadores afectados suelen acudir a tribunales laborales para que se reconozca su verdadera calidad de trabajador dependiente, lo que deriva en acuerdos económicos que —según indica— han oscilado entre 3 y 12 millones de pesos, y que en ausencia de conciliación pueden ser mayores. Aracena enmarca este fenómeno como una dinámica no exclusiva de El Tabo, sino extendida, según afirma, al conjunto de las 346 municipalidades del país, agravada en comunas costeras y balnearios por la estacionalidad de ciertos contratos durante la temporada estival.

Sumarios, probidad y los límites del cargo

Consultada sobre casos de funcionarios con denuncias de connotación pública —entre ellos, según menciona, un caso de violencia intrafamiliar vinculado a un director de la Secretaría de Planificación Comunal (Seplac) que trascendió a medios nacionales, y otro caso de un jefe formalizado por conducir en estado de ebriedad—, Aracena delimita con precisión el margen de acción que le compete como concejala: las decisiones sobre investigaciones sumarias, suspensiones y sanciones son atribución del alcalde, no del concejo. Ella y sus pares, dice, han solicitado reiteradamente la suspensión de funcionarios en situaciones que consideran graves para la probidad, pero subraya que todo funcionario público tiene derecho a un debido proceso —investigación sumaria, plazos, entrevistas, derecho a apelación y a la posibilidad de resarcir el daño antes de la sanción final—, un proceso ajeno al juicio de valor personal de la autoridad o del concejo.

El punto más crítico de esta sección es, según la propia concejala, la duración de los sumarios: afirma que en el municipio de El Tabo existen procesos disciplinarios que están próximos a cumplir dos años sin resolución, muy por encima de los plazos que —según indica— establece el principio de eficiencia y eficacia de la administración pública. Aracena vincula esa demora con un daño adicional, más silencioso: mientras un sumario permanece abierto, dice, el ambiente laboral interno se resiente, se generan rumores y la incertidumbre afecta tanto al funcionario investigado como a sus compañeros de equipo.

Lectura de contexto: fiscalización comunitaria y comunicación institucional en tensión

Analizada desde una perspectiva de comunicación corporativa y social, esta entrevista ilustra un fenómeno que trasciende El Tabo: la fragilidad de la confianza pública en administraciones municipales pequeñas, donde el municipio no solo presta servicios sino que concentra buena parte del empleo formal disponible, y donde cualquier indicio de trato preferencial por parentesco adquiere una carga simbólica desproporcionada respecto de su magnitud administrativa real.

El relato de Aracena expone, además, una tensión estructural del sistema municipal chileno: la distancia entre lo que la ciudadanía espera de un concejal —capacidad de intervenir y corregir— y lo que la ley efectivamente le permite, que es fiscalizar, derivar antecedentes a Contraloría y hacer seguimiento a las observaciones, sin poder incidir directamente en sumarios, contrataciones o sanciones, atribuciones que recaen en el alcalde. Comunicar esa diferencia a la comunidad, reconoce la propia concejala, es una tarea pendiente y no siempre bien comprendida por los vecinos.