«Queremos ordenar la casa»: la delegada Soledad Loyola detalla la hoja de ruta de tres desalojos que marcarán a San Antonio

San Antonio. No es habitual escuchar a una autoridad de gobierno describir, con el mismo aliento, una zanja que no debe cerrar el paso a los vecinos y una banda criminal desarticulada con órdenes vigentes por sicariato. Pero esa es, en buena medida, la realidad que administra hoy la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, en una entrevista donde repasó el estado de al menos tres procesos de desalojo de tomas de terreno que, en conjunto, definirán buena parte de la agenda de seguridad y vivienda de la provincia en los próximos meses.

La conversación —extensa, técnica y con un nivel de detalle poco frecuente en declaraciones públicas sobre este tipo de procesos— permite reconstruir no solo el estado de avance de cada desalojo, sino también la arquitectura institucional, muchas veces invisible para la ciudadanía, que determina quién manda, quién coordina y quién simplemente espera instrucciones en cada una de estas intervenciones.

Cerro Centinela: cerrar sin encerrar a nadie

El primer proceso que aborda Loyola es el del cerro Centinela, donde ya se ejecutó un primer desalojo y la delegación se encuentra, según describe, en una «etapa de cierre». El asunto pendiente no es menor: la construcción de una zanja y un cierre perimetral del terreno expropiado corre el riesgo de dejar sin libre tránsito a vecinos que continúan viviendo en el sector, una demanda que, según indica la delegada, ha sido reiterada por esas familias ante la delegación y otros organismos públicos.

La solución técnica —correr la zanja algunos metros— depende de una autorización del privado propietario del terreno colindante, quien, según explica Loyola, está disponible a otorgar el permiso siempre que el costo de mover la obra sea asumido con recursos públicos y no por la propia empresa. Para resolverlo, la delegación se encuentra coordinando con Serviu y con la Municipalidad de San Antonio, en una gestión que ilustra un aspecto poco visible de estos procesos: aun cuando el mandato judicial de la delegación se limitaba estrictamente al desalojo de las personas, la institución ha asumido un rol adicional, de facto, como articuladora de soluciones colaterales que exceden ese mandato original, con el objetivo explícito, según sus palabras, de que «estas personas no tengan problemas».

Sobre el terreno ya expropiado en el cerro Centinela, la delegada confirmó que el foco de la próxima etapa será habitacional: tras una coordinación con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se evalúa levantar allí proyectos de vivienda para responder a lo que Loyola describe como la demanda habitacional más alta de la provincia de San Antonio. Eso implicaría, eventualmente, un nuevo desalojo del sector, proceso que —según detalla— aún depende de un oficio formal que el Ministerio de Vivienda debe cursar al Ministerio del Interior, del cual dependen jerárquicamente los delegados presidenciales, antes de poder activar el catastro y la coordinación de servicios. Al momento de la entrevista, la delegación había recibido solo un correo informal, no el oficio formal requerido para actuar.

Placilla: un plazo que vence en febrero y un rol de la delegación aún por definir

El segundo proceso corresponde al sector de Placilla, donde un desalojo fue dispuesto por resolución de tribunales de justicia. Los vecinos de ese sector ya fueron notificados y cuentan, según precisó Loyola, con un plazo de seis meses desde la notificación —que vence en febrero— para abandonar el lugar.

A diferencia del cerro Centinela, en este caso el mandato judicial no incluyó a la delegación presidencial: la resolución se dirige directamente a Carabineros, otros organismos públicos y el propietario privado del terreno. Loyola explicó que ha sostenido conversaciones con la generala de Carabineros a cargo, y que, si esa autoridad policial requiere formalmente el apoyo de la delegación —mediante un oficio—, la institución respaldará el proceso replicando el modelo de trabajo coordinado usado en el desalojo del cerro Centinela: activación del Ministerio de Desarrollo Social, del área de Dideco municipal, acompañamiento y orientación a las familias afectadas. La delegada fue explícita en que ese eventual apoyo no depende de la fecha límite de febrero, sino del momento en que Carabineros decida activarlo, lo que —estimó— podría ocurrir varios meses antes del vencimiento del plazo.

Consultada por la cantidad de personas que deberán abandonar ambos sectores —Centinela y Placilla—, Loyola fue categórica en no aventurar cifras: mientras no exista un catastro formal, dijo, no se atrevería a estimar número de viviendas, personas ni familias afectadas, un catastro que, según explicó, solo puede activarse una vez que la delegación reciba el mandato oficial correspondiente y movilice a organismos como Senama, Mejor Niñez, Educación y Salud para un acompañamiento que describe como «casi personalizado».

Ferrocarriles en Cartagena: de la banda «Los Cholas» a la segunda etapa del desalojo

El tercer proceso descrito por la delegada corresponde al sitio de Ferrocarriles del Estado (EFE) en Cartagena, donde ya se ejecutó una primera etapa de desalojo que —según relató con evidente satisfacción institucional— permitió desarticular a una organización identificada como «Los Cholas», que operaba activamente en el lugar. Según el recuento de Loyola, ese operativo dejó seis personas detenidas por tráfico de drogas, además del hallazgo de armas y otras especies incautadas, con algunos de los detenidos sujetos a órdenes de detención vigentes vinculadas a sicariato.

Es pertinente precisar que estas afirmaciones corresponden al relato de la autoridad de gobierno sobre un procedimiento policial ya ejecutado, y que las personas detenidas mantienen la garantía constitucional de presunción de inocencia respecto de cualquier imputación penal derivada de ese operativo mientras no exista sentencia condenatoria firme en su contra.

Loyola advirtió que, ante el desmantelamiento de un punto de esa naturaleza, existe el riesgo de que otras redes intenten reocupar u organizar nuevas actividades ilícitas en el entorno inmediato —»las familias hacia abajo», en su expresión—, lo que motiva avanzar con una segunda etapa de desalojo en el mismo sector ferroviario. Ese proceso, dijo, está a la espera de los permisos correspondientes de EFE como propietario del terreno, en coordinación con la Municipalidad de Cartagena, y podría concretarse, según su propia estimación, en las próximas semanas.

«Ordenar la casa»: la seguridad como relato de gestión

Más allá de los detalles procedimentales, la entrevista deja una definición de propósito que la propia delegada expresa sin matices: «queremos ordenar la casa» y, para eso, «tenemos que limpiarla», dijo, enmarcando el conjunto de desalojos como parte de un esfuerzo por revertir la percepción de San Antonio como lo que describió —citando una etiqueta que rechaza— como «el patio trasero» de la región. En ese sentido, destacó el trabajo coordinado entre Carabineros, la PDI, el Ejército y la Armada en fiscalizaciones conjuntas mensuales conocidas como «stop», así como una alineación declarada entre los distintos alcaldes de la provincia en torno a estos objetivos.

Lectura de contexto: gestión de tomas de terreno entre la vivienda, la seguridad y los límites institucionales

Analizada desde una perspectiva de comunicación institucional y social, esta entrevista expone con inusual transparencia la complejidad burocrática y multiactoral que rodea a cualquier proceso de desalojo de asentamientos informales en Chile. La delegada distingue con precisión los casos en que la delegación tiene mandato judicial directo (cerro Centinela) de aquellos en que su rol depende de ser formalmente requerida por otra institución (Placilla, a través de Carabineros), una distinción que rara vez llega a conocimiento público y que explica buena parte de las diferencias de ritmo entre uno y otro proceso.

El relato también documenta un fenómeno de encadenamiento entre criminalidad y ocupación informal de terrenos: la asociación entre la banda «Los Cholas» y el sitio de Ferrocarriles en Cartagena, y la advertencia explícita de la delegada sobre el riesgo de que otras organizaciones ocupen el vacío dejado tras un desalojo, plantea un desafío de seguridad pública que trasciende la mera regularización habitacional y que ayuda a entender por qué estos procesos suelen ejecutarse en etapas sucesivas y no de una sola vez.

Finalmente, la insistencia de Loyola en no adelantar cifras de personas o familias afectadas —»mientras no hay un catastro, yo no me atrevería a dar un número»— es consistente con un estándar de comunicación de riesgo responsable en procesos de esta naturaleza, pero también deja en evidencia una tensión no resuelta: comunidades enteras permanecen, en los hechos, a la espera de definiciones administrativas —oficios interministeriales, permisos de privados, requerimientos policiales— cuyos tiempos, como reconoce la propia autoridad, «no dependen» de la delegación ni de ningún actor local, sino de una cadena de decisiones centralizadas en Santiago.