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Contraloría detecta graves irregularidades financieras en la administración de la educación municipal de El Tabo

Decretos de pago eliminados sin respaldo, cheques en lugar de transferencias electrónicas, exfuncionarios que siguen habilitados para firmar cuentas y una deuda flotante que no cuadra con la realidad: el organismo contralor exige al municipio destrabar un sumario detenido hace más de dos años y responder en 60 días hábiles.

Equipo de Prensa Radio Galaktika  |  El Tabo, Litoral Central

El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de El Tabo enfrenta uno de los cuestionamientos administrativos más severos de los últimos años, luego de que la Contraloría Regional de Valparaíso diera a conocer el Informe Final N° 234, de 2026, resultado de una auditoría y examen de cuentas a las disponibilidades del departamento durante todo el año 2025. El documento, fechado el 8 de septiembre, describe un cuadro de descontrol contable y financiero que compromete la confianza pública en el manejo de los recursos destinados a la educación de niñas, niños y jóvenes de la comuna.

La fiscalización, realizada por la Unidad de Control Externo de la sede regional, tuvo como objetivo comprobar si las transacciones del DAEM se ajustan al principio de legalidad, si están debidamente acreditadas, calculadas, registradas y contabilizadas, y si la entidad cuenta con procedimientos adecuados para resguardar sus recursos disponibles. El resultado fue una larga lista de observaciones que abarca desde la falta de manuales de procedimientos hasta el manejo poco transparente de la deuda del organismo.

Decretos de pago eliminados y sin explicación

Uno de los hallazgos más delicados del informe es la detección de decretos de pago eliminados y anulados del sistema contable institucional, sin que existan actos administrativos ni antecedentes que respalden esas actuaciones. Contraloría también constató la emisión de decretos duplicados para una misma obligación, lo que abre interrogantes sobre la trazabilidad del dinero público que pasa por esta repartición.

Este punto no es nuevo para la comunidad tabina. La propia concejala Karina Soto Benavides había presentado ante Contraloría antecedentes que, según expuso, vulnerarían el principio de escrituración y fidelidad electrónica de los registros municipales, e incluyó la presunción de sustracción de valores. Esa presentación fue incorporada como insumo directo de la fiscalización que hoy entrega sus resultados.

Frente a estos hechos, el municipio ya instruyó una investigación administrativa interna, que concluyó mediante el Decreto Alcaldicio N° 1.025, de 2026. Contraloría exige ahora que la copia íntegra de ese procedimiento sea remitida a la sede regional dentro de un plazo de 60 días hábiles, además de acreditar que existen procedimientos efectivos para garantizar el control y la trazabilidad de cada decreto de pago que se emita en adelante.

Cuentas sin conciliar y una caja que no cuadra

El examen a las disponibilidades del DAEM expuso deficiencias que, en un lenguaje simple, significan que el municipio no sabe con exactitud, o no lo puede demostrar, cuánto dinero tiene realmente en sus cuentas bancarias. El informe detalla cuentas contables sin movimiento ni análisis de composición, cuentas corrientes que nunca fueron conciliadas con los registros del banco, conciliaciones bancarias sin validación formal y diferencias relevantes entre lo que dicen los libros contables, las cartolas bancarias y los balances.

A esto se suma que la mayor parte de los recursos del DAEM, incluidos fondos de programas educacionales con fines específicos, se administra a través de una única cuenta corriente bancaria. Esta concentración dificulta seguir el rastro de cada peso y distinguir qué dinero pertenece a qué programa, una práctica que Contraloría pide corregir mediante la implementación de cuentas diferenciadas según la finalidad de cada recurso.

El organismo contralor instruyó al municipio efectuar un análisis integral de los saldos observados, confeccionar y regularizar las conciliaciones bancarias pendientes, determinar el origen de las diferencias históricas y acreditar los avances a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo de la propia Contraloría.

Exfuncionarios que aún pueden firmar cheques municipales

Uno de los hallazgos más gráficos del informe da cuenta de que tres exfuncionarios continuaban registrados como apoderados vigentes en cuentas corrientes municipales, manteniendo facultades de giro pese a haber dejado sus cargos años atrás. Es decir, personas que ya no trabajan en el municipio conservaban, hasta la fecha de la auditoría, la posibilidad formal de autorizar movimientos de dinero público. Contraloría ordenó concluir el proceso de actualización y revocación de giradores, y acreditar que esa corrección efectivamente se realizó.

El informe también identifica otro flanco de riesgo: el DAEM efectuó pagos a proveedores mediante cheques en lugar de transferencia electrónica de fondos, un medio de pago que la normativa vigente privilegia justamente porque deja un rastro más seguro y trazable de cada operación. El municipio deberá implementar el pago electrónico y acreditar su uso efectivo.

Deudas que no aparecen reflejadas en la contabilidad

El informe advierte que el DAEM mantiene obligaciones pendientes de pago y una deuda flotante, es decir, compromisos ya devengados pero no pagados al cierre del ejercicio, que no refleja íntegramente lo que la institución realmente debe. Se constataron facturas pendientes de pago que no fueron reconocidas oportunamente en la contabilidad, lo que significa que, en los papeles, el municipio podía aparecer con una situación financiera más sana de la que realmente tiene.

Contraloría exige determinar la composición real de esa deuda flotante, reconocer contablemente todas las obligaciones pendientes y regularizar los saldos adeudados, también dentro de un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del informe.

Un sumario detenido hace más de dos años

Quizás el dato más preocupante desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa es que la investigación sumaria instruida por la propia municipalidad para esclarecer irregularidades en las conciliaciones bancarias lleva más de dos años en tramitación, sin que se haya dictado el acto administrativo que le ponga término. Esa demora, señala Contraloría, afecta directamente la oportunidad con que se determinan las responsabilidades de quienes correspondiera sancionar.

El municipio deberá finalizar ese procedimiento disciplinario, remitir el acto terminal a Contraloría General y adoptar medidas concretas para que este tipo de dilaciones no vuelva a repetirse en futuros procesos.

Lo que viene

El Informe Final N° 234 no es una acusación en sí misma, sino el cierre de un proceso de fiscalización que ahora obliga al municipio a responder con hechos concretos: sumarios terminados, cuentas conciliadas, deudas reconocidas y controles de acceso corregidos, entre otras acciones, todas dentro de plazos que la propia Contraloría fijó y que comenzarán a vencer en las próximas semanas.

Fuente: Informe Final N° 234/2026, Contraloría Regional de Valparaíso, Unidad de Control Externo, 8 de septiembre de 2026.