«Trabajadores portuarios de San Antonio exigen detener TAG

San Antonio. A través de una declaración pública firmada como organizaciones portuarias de la bahía de San Antonio, la Confederación Unión Portuaria de Chile confirmó su rechazo frontal a la instalación de pórticos de cobro TAG en la Ruta 78, a la altura del acceso a la ciudad, y anunció que el gremio se declara en estado de alerta frente a lo que califica como «un abuso» y una «desconexión total» con la realidad de los trabajadores y vecinos del territorio.

El documento, dirigido explícitamente «a nuestra gente de San Antonio, a las autoridades y a los medios», plantea la oposición no solo desde la lógica gremial de los trabajadores portuarios, sino desde una identidad territorial más amplia: «antes que todo, como vecinos del territorio», señalan sus firmantes, en un texto que combina reivindicación laboral, memoria histórica de la concesión vial y una exigencia concreta de participación ciudadana en el diseño de los proyectos de infraestructura que afectan a la comuna.

«Nos están cobrando por movernos en nuestra propia casa»

El primer argumento que expone la Confederación es de índole económica y cotidiana: instalar un sistema de cobro TAG en los accesos de San Antonio, sostienen, equivale a «meterle la mano al bolsillo al trabajador, al transportista local y a la familia que ya le cuesta llegar a fin de mes». La organización rechaza de manera explícita que la medida sea presentada como «modernización», calificando ese término como «un insulto» frente al efecto que, según argumentan, tendría sobre el costo de vida local: un transporte más caro se traduce, afirman, en un encarecimiento directo del pan, la mercadería y la vida diaria de los sanantoninos.

Una historia de rentabilidad extraordinaria, según el gremio

El segundo eje de la declaración apela a la memoria reciente de la propia Ruta 78. La Confederación sostiene que la primera concesión de esa autopista fue, según afirman, «la más lucrativa de Chile», llegando a recuperar —de acuerdo con su relato— cerca de 15 veces su inversión inicial a costa de quienes transitan por ella regularmente. Con ese antecedente como telón de fondo, el gremio advierte que el nuevo contrato de concesión repetiría esa lógica, esta vez cobrando de manera directa por entrar y salir de la comuna, y rechaza de plano convertirse en lo que describen como «la caja chica» que asegure utilidades que consideran desproporcionadas para las concesionarias.

Es importante precisar que la caracterización de la rentabilidad histórica de la Ruta 78 corresponde a la posición expuesta por la Confederación Unión Portuaria en su declaración, y que esta nota no cuenta, al momento de su elaboración, con una respuesta pública de la concesionaria actual ni de la autoridad de concesiones del Ministerio de Obras Públicas sobre esa afirmación específica.

«El puerto genera la riqueza, pero la ciudad paga la cuenta»

El tercer argumento de la declaración es, probablemente, el de mayor carga simbólica: la Confederación sostiene que San Antonio es la empresa portuaria que más recursos entrega al Estado de Chile, con un aporte que —según cifran en el documento— supera los 18 mil millones de pesos anuales al Fisco. El gremio cuestiona que esos recursos, generados según su expresión «por nuestro sudor», se destinen a cubrir deudas estatales o a subsidiar el transporte en Santiago, mientras la propia comuna portuaria recibe como contrapartida, afirman, ruido, desgaste vial y ahora el cobro de peajes. La organización es categórica en plantear que las mitigaciones viales que demanda la operación portuaria no pueden financiarse, según su posición, «a costa del almuerzo de nuestra gente».

El temor a una «Fase 1» que termine cercando la ciudad

Un cuarto punto de la declaración introduce una preocupación de proyección a futuro: la Confederación advierte que la actual propuesta se presenta como una primera etapa («Fase 1»), pero expresa desconfianza respecto de que ese carácter inicial se mantenga en el tiempo. El gremio sostiene que ese diseño «abre la puerta» para que San Antonio termine, en sus palabras, «completamente sitiado por peajes», y rechaza lo que interpretan como una lógica de «zona de sacrificio», en la que los costos permanecen en el territorio mientras los beneficios económicos se trasladan hacia la capital.

El llamado final: participación directa de las organizaciones sociales y sindicales

La declaración cierra con una exigencia concreta dirigida al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: que ambas carteras detengan el proceso y concurran presencialmente a San Antonio a dialogar con las organizaciones sociales y sindicales del territorio, en lugar de —según cuestionan— diseñar los proyectos desde una lógica que califican como ajena a la realidad local, «una planilla de Excel diseñada a kilómetros de distancia». El texto concluye con la declaración formal de estado de alerta por parte de las organizaciones portuarias de la bahía de San Antonio.

Lectura de contexto: la tensión entre infraestructura concesionada y territorios productivos

Analizada desde una perspectiva de comunicación corporativa y social, esta declaración se inscribe en una tensión estructural y recurrente en Chile entre los territorios que concentran actividad productiva de alto valor —en este caso, un complejo portuario clave para el comercio exterior del país— y los mecanismos de financiamiento de la infraestructura vial que los conecta con el resto del país, típicamente resueltos a través de concesiones con cobro directo al usuario.

El documento es, además, un ejercicio de comunicación de riesgo gremial particularmente bien construido: combina datos duros (los 18 mil millones de pesos anuales aportados al Fisco, la cifra de recuperación de inversión de la concesión original), una identidad compartida que trasciende lo laboral («antes que todo, como vecinos del territorio») y una estructura argumentativa numerada que facilita su viralización y su cita directa por parte de medios de comunicación, características que sugieren una redacción pensada explícitamente para la instalación pública del conflicto antes de que avance el proceso administrativo de licitación o adjudicación.