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Punta Fraile: la península símbolo de Algarrobo que la comunidad lleva 25 años tratando de salvar de la desafectación y el olvido municipal
Una permuta de la dictadura, una zona típica desarmada por recursos de protección inmobiliarios y una solicitud de cambio de uso de suelo congelada hace dos años por falta de voluntad política: Raíces Costeras reconstruyó, junto a Samira de la Tierra, vocera de Defensa Punta Fraile, la historia de un despojo que se repite en cámara lenta sobre uno de los últimos remanentes verdes del borde costero.
El programa Raíces Costeras, producido por Radio Galáktika Media y conducido por el periodista Diego Rojas, recaló esta vez en Algarrobo, comuna que según los registros más recientes bordea los 16 mil habitantes —cifra que se multiplica en temporada estival— y que, fundada en 1945, conserva su estatus de balneario tradicional en medio de tensiones estructurales cada vez más visibles entre expansión inmobiliaria y conservación. La conversación tuvo como invitada a Samira de la Tierra, vocera de la agrupación Defensa Punta Fraile, quien expuso el conflicto que hoy concentra buena parte de la resistencia socioambiental de la comuna.
Un hito paisajístico que se ve desde toda la comuna
Punta Fraile es una península ubicada en el extremo sur de Algarrobo, que separa las playas de El Canelo y El Canelillo de la bahía principal del balneario. Según describió Samira de la Tierra, se trata de un accidente geográfico visible desde prácticamente cualquier punto de la comuna —incluso desde Tunquén, en el extremo norte— y que hasta hace pocos años formaba parte de la insignia oficial de la municipalidad. Su valor no es solo simbólico: un catastro citado por la entrevistada contabiliza 55 especies de flora en el sector, cerca de la mitad nativas o endémicas, además de aves, reptiles e insectos, entre ellos el lagarto chileno, clasificado en categoría de conservación vulnerable.
De bien nacional de uso público a propiedad privada: el origen del conflicto
El litigio actual por Punta Fraile hunde sus raíces en la dictadura militar, cuando el terreno —originalmente privado— fue expropiado y pasó sucesivamente por la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu) y el Ejército, hasta ser permutado a un privado en condiciones que, según la entrevistada, la propia agrupación no ha logrado esclarecer del todo pese a haber consultado asesoría legal. Ese trueque tuvo un efecto concreto: 6,5 hectáreas que eran bien nacional de uso público quedaron incorporadas a un dominio privado, una situación que —aunque jurídicamente prescrita— la agrupación considera un antecedente ineludible para entender el litigio actual sobre las poco más de 2 hectáreas de área verde que hoy intenta proteger.
“Se podría decir que se corrió un poco la reja. Había 6,5 hectáreas de todo el borde que eran originalmente un bien nacional de uso público.”
La zona típica que perdió a Punta Fraile en el camino
El episodio más determinante para el estado actual de la península ocurrió a fines de los años noventa, cuando una movilización ciudadana —articulada, según recordó la vocera, sin redes sociales y con una cobertura mediática mucho más limitada que la actual— logró reunir cerca de 20 mil firmas para solicitar la declaratoria de zona típica del sector, entendido como un corredor biológico continuo entre El Canelo, El Canelillo y la propia península. La declaratoria se concretó el año 2000 e incluyó a Punta Fraile dentro de su polígono.
Sin embargo, recursos de protección presentados por empresas inmobiliarias lograron posteriormente que Punta Fraile fuera desafectada de esa protección, quedando —en palabras de la entrevistada— a merced de acuerdos entre privados. Fue en ese vacío normativo donde se levantaron los edificios que hoy ocupan buena parte de la ladera de la península, con especial impacto en el sector de El Canelillo, que —según describió Samira de la Tierra— pasó de ser una caleta rodeada de vegetación nativa a una playa enmarcada por edificios en altura.
“La zona típica se creó con Punta Fraile dentro, pero después Punta Fraile se desafecta y queda en peligro, a merced de lo que pueda pasar entre privados.”
La amenaza actual: la meseta boscosa de la cima
La actualización del Plan Regulador Intercomunal incorporó posteriormente una protección específica para la ladera de la península, lo que en teoría impide levantar nuevas construcciones en esa franja. La amenaza vigente se concentra ahora en la meseta superior, la única porción de la península que conserva su cubierta boscosa original y que actualmente es objeto de un proyecto inmobiliario, según denunció la entrevistada. Es justamente esa área —la de mayor valor ecológico remanente— la que la agrupación Defensa Punta Fraile busca resguardar mediante la vía administrativa del cambio de uso de suelo.
Una solicitud municipal estancada hace dos años
Fundada en 2021, Defensa Punta Fraile solicitó en 2022 a la Municipalidad de Algarrobo un cambio de uso de suelo para la meseta, herramienta que —según recordó la vocera— ya había sido aplicada con éxito en la comuna: la península de Peña Blanca, ubicada frente a Punta Fraile, fue protegida como área verde tras un proceso similar impulsado entre 2017 y 2018 gracias, dijo, a la voluntad política de esa administración. El proceso actual, en cambio, se mantiene detenido desde hace dos años, atribuido explícitamente por la entrevistada a la falta de voluntad política de la actual gestión municipal.
La denuncia más concreta de la conversación se refirió a la etapa de observaciones ciudadanas contempladas en el proceso: la comunidad presentó cerca de 1.917 observaciones a la imagen objetivo del plan —una cifra que la propia entrevistada calificó de extraordinaria para una comuna del tamaño de Algarrobo—, y el municipio conformó 19 comisiones territoriales para analizarlas y elaborar respuestas. Sin embargo, según la vocera, ese informe de respuestas nunca fue entregado formalmente a la ciudadanía, pese a la obligación legal de hacerlo.
“Es una tremenda vulneración a la participación ciudadana: el informe está listo y no lo han hecho llegar.”
La conversación situó ese episodio dentro de un clima de desconfianza más amplio hacia la institucionalidad municipal, agravado —según se planteó durante la entrevista— por la controversia de corrupción que involucró a la anterior administración edilicia de la comuna.
La falsa dicotomía entre progreso y medio ambiente
Consultada sobre el argumento, recurrente en la discusión pública desde el estallido social, de que la protección ambiental frena el desarrollo, Samira de la Tierra lo calificó directamente como una falacia. Su argumento se apoyó en un indicador observable: las comunas y países con mayores recursos —ejemplificó con barrios de Santiago y con Europa— exhiben sistemáticamente más áreas verdes, no menos, y las propiedades cercanas a parques concentran mayor plusvalía. Para la vocera, esa correlación invierte el sentido común instalado en el debate: el progreso no compite con las áreas verdes, sino que se expresa a través de ellas.
“No es una contradicción el progreso y el área verde. Podemos progresar teniendo más áreas verdes; de hecho, esa es la dirección en la que deberíamos progresar.”
Nuevos residentes, mismo territorio en disputa
La entrevistada vinculó el crecimiento del movimiento con un cambio demográfico que Algarrobo viene experimentando desde antes de la pandemia: la llegada de nuevos residentes provenientes de Santiago y otras grandes urbes, atraídos por un estilo de vida distinto. Ese perfil de nuevo vecino —que llega buscando precisamente lo que la comuna aún conserva de naturaleza— explicaría, a su juicio, buena parte de la adhesión reciente a la causa de Punta Fraile.
Participación ciudadana: un problema de tiempo, no de interés
Frente al diagnóstico habitual que atribuye el reflujo de la participación ciudadana posterior al estallido social y a la pandemia a un supuesto desinterés generacional, la vocera ofreció una lectura distinta basada en la experiencia directa de la agrupación: cuando instalaron mesas informativas en terreno para recolectar observaciones ciudadanas, la respuesta de la comunidad fue significativa. Para ella, la barrera real no es la falta de interés, sino la falta de tiempo disponible y, en algunos casos, cierta comodidad de delegar la responsabilidad en quienes ya están organizados.
Turismo sustentable y una nueva narrativa para el litoral
De cara al futuro, Samira de la Tierra planteó que una estrategia de turismo sustentable a escala provincial podría convertirse en un argumento económico adicional para la conservación, en la medida en que los espacios naturales reconocidos y visibilizados suelen estar mejor protegidos que aquellos que permanecen desconocidos. En esa línea, propuso desplazar la narrativa turística del litoral central más allá de la oferta de playa y gastronomía, hacia una identidad basada en su patrimonio natural, en diálogo con otros destinos ya consolidados del país.
La entrevista cerró con un llamado explícito a la acción: la vocera invitó a la ciudadanía a no limitarse a la denuncia en redes sociales y a sumarse directamente a las organizaciones territoriales, subrayando que la protección de los espacios naturales que aún quedan en el litoral requiere trabajo sostenido y no solamente respaldo pasivo. La producción del programa recordó, al cierre, que Raíces Costeras es una iniciativa financiada por el Fondo de Fomento de Medios 2025.
